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La inseguridad alimentaria afectó a uno de cada tres chicos en 2024 y marcó un récord en 15 años
La inseguridad alimentaria infantil alcanzó su pico histórico: 1 de cada 3 niños no accede a una alimentación adecuada. Según la UCA, el empleo informal y la deserción escolar agravan una problemática que las políticas sociales no logran contener.
POR REDACCIÓN
Un estudio reciente del Observatorio de la Deuda Social de la UCA (ODS-UCA) reveló que durante 2024, el 35.5% de los niños, niñas y adolescentes argentinos -equivalente a 4.3 millones- experimentaron inseguridad alimentaria, marcando el índice más alto registrado en los últimos quince años. De este total, el 16.5% enfrentó la forma más severa del problema, incluyendo situaciones de hambre y reducción obligada de comidas.
El análisis demuestra que esta problemática, aunque estructural, se agravaron significativamente en la última década, con puntos críticos durante 2018, la pandemia (2020) y la actual crisis socioeconómica. Los hogares más afectados corresponden a aquellos en situación de pobreza (que alcanzó al 67% de las infancias en el primer semestre), familias monoparentales (con 12 puntos porcentuales más de incidencia que los hogares biparentales), núcleos familiares numerosos y menores con dificultades de escolarización.
La precariedad laboral emerge como factor determinante. En hogares con empleo informal o desocupación, la inseguridad alimentaria alcanzó el 51% este año. Incluso en familias con empleo formal, el indicador se mantuvo en un 10%, evidenciando fallas sistémicas. Más de la mitad de los niños experimentó esta situación al menos un año entre 2022 y 2024, mientras que el 14.8% la padeció de manera crónica.
Geográficamente, si bien el Área Metropolitana de Buenos Aires históricamente presentó los índices más altos, durante 2024 se observó un notable crecimiento en el interior del país, equiparándose con el 36% y 35% respectivamente. La escolarización actúa como factor protector, aunque su efecto se ha debilitado desde 2020 para quienes abandonan el sistema educativo.
Programas sociales como la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar demostraron cierto efecto mitigador, reduciendo 0.81 puntos en el índice de inseguridad alimentaria. Sin embargo, su impacto resulta insuficiente ante la falta de empleo de calidad. Expertos señalan la necesidad de implementar políticas integrales que combinen protección social, generación de trabajo formal y programas específicos para la primera infancia.
Los datos presentados configuran un escenario alarmante que trasciende lo coyuntural, reflejando fallas estructurales en múltiples dimensiones. Ante esta realidad, se vuelve imperioso desarrollar estrategias coordinadas que garanticen el derecho a la alimentación adecuada para las generaciones más jóvenes del país.