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Caso El Shaddai: suman ocho nuevas víctimas en estafa de carpetas truchas del IPV
La investigación por la presunta venta fraudulenta de carpetas del IPV en la iglesia El Shaddai de Rawson se amplió con ocho nuevas denuncias contra Karen Heredia, quien ya había sido imputada junto al pastor de la congregación.
POR REDACCIÓN
La causa judicial por la presunta venta ilegal de carpetas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en la iglesia evángelica El Shaddai de Rawson se amplió con ocho nuevas denuncias que recayeron sobre Karen Heredia, feligresa ya imputada en el caso. La investigación, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas, revela un modus operandi que se habría extendido desde fines de 2023 y que habría afectado a múltiples víctimas mediante el cobro de importantes sumas de dinero a cambio de adjudicaciones inmobiliarias fraudulentas.
Según los fiscales Milena Berbari y Maximiliano Yanzón, la imputada ofrecía carpetas correspondientes a barrios en construcción como Las Marías y Los Surcos en Chimbas, y Los Molinos en Capital. El procedimiento consistía en solicitar a los interesados documentación personal -incluyendo partidas de nacimiento, matrimonio, constancias de CUIL y certificaciones de grupo familiar- y establecer un precio de $350.000 por cuota, en dos pagos, por cada carpeta. A cambio, se habrían entregado facturas apócrifas del IPV con membrete falsificado y firma digital atribuida fraudulentamente al exdirector del organismo, Marcelo Yornet.
Las recientes denuncias, presentadas este jueves 20 de noviembre, describen un patrón común donde las víctimas realizaron transferencias o pagos en efectivo a nombre de Heredia por montos que oscilaron entre $350.000 y $700.000. Los afectados habrían recibido promesas de fechas de entrega que nunca se concretaron, mientras la imputada utilizaba diversas estrategias para mantener la expectativa, incluyendo ofertas de cambio de barrio por supuestas disponibilidades.
Los antecedentes del caso
Esta causa mantiene conexión con el caso del pastor Alberto Carlos Balmaceda, líder de la misma congregación, quien en abril de 2025 recibió prisión preventiva junto con Heredia por siete casos de estafa. En aquella oportunidad, la investigación determinó que las operaciones se coordinaban desde el templo ubicado en el barrio Huazihul de Rivadavia, donde se habrían confeccionado los documentos falsos. Testimonios recogidos en esa etapa indicaron que Balmaceda intervenía para calmar a los fieles, asegurando que todo se resolvería "con fe" y afirmando tener contactos dentro del IPV.
Ambos imputados recuperaron posteriormente su libertad tras acordar reparaciones integrales millonarias. El pastor Balmaceda se comprometió en mayo de 2025 al pago de casi 11 millones de pesos a 18 víctimas, mientras que Heredia acordó en junio del mismo año una reparación de 10.5 millones de pesos, desglosados en capital e intereses. Estos acuerdos, aprobados por el juez de Garantías Roberto Montilla, establecían que el cumplimiento de los pagos conduciría al sobreseimiento de los imputados.
La fiscalía formalizó la ampliación de la imputación para que Heredia responda por las nuevas denuncias en el marco de la investigación penal preparatoria que continúa en curso, con medidas pendientes y declaraciones por recibir. El caso evidencia la vulnerabilidad de sectores sociales en contextos de confianza comunitaria y la persistencia de esquemas fraudulentos vinculados al acceso a la vivienda.